Uno de los graves problemas del país es la falta de rigor conceptual con la que se llevan a cabo las discusiones. La discusión sobre la eventual declaración de fuerza beligerante a las Farc, y su retiro de la lista internacional de grupos terroristas, a pedido del gobierno de Venezuela, no es la excepción.
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Jorge Iván Cuervo R.
lunes, 21 de enero de 2008
Aquí se han confundido tres temas: La utilidad, vigencia y alcance de la figura de la beligerancia, el otorgamiento de estatus político a una organización insurgente que usa el terrorismo, y la consideración de terroristas a dicha organización por parte de la comunidad internacional.
lunes, 21 de enero de 2008
Aquí se han confundido tres temas: La utilidad, vigencia y alcance de la figura de la beligerancia, el otorgamiento de estatus político a una organización insurgente que usa el terrorismo, y la consideración de terroristas a dicha organización por parte de la comunidad internacional.
La beligerancia es una categoría del derecho internacional público que se usa para legitimar la acción de una fuerza armada que se enfrenta a un Estado ilegítimo, y percibido como tal por la comunidad internacional. Con la consolidación de la democracia como régimen político en prácticamente todo el mundo, y con el fin de la Guerra Fria, es una figura desueta, cuya última aplicación se dio por parte de algunos países al Frente Sandinista en los tiempos de la dictadura de Somoza. Lo usual es que sean terceros estados quienes reconocen el estatus de beligerancia, lo que otorga una serie de prerrogativas a los beneficiados – como las de tener misiones diplomáticas en aquellos estados que así los reconocieron-, pero también una serie de obligaciones, como la de suscribir y respetar el Derecho Internacional Humanitario.
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Es absurdo pedir, como lo hace el Presidente Chávez, que el propio Estado en cuyo territorio se realiza el alzamiento armado otorgue la beligerancia, es un contrasentido y un imposible jurídico. Si el gobierno de Venezuela está convencido de la legitimidad de la lucha de las Farc y de la ilegitimidad del Estado colombiano, lo coherente es que otorgue el estado de beligerancia a las Farc. No lo hace porque sabe de las consecuencias diplomáticas que una decisión de esa naturaleza acarrearía. Cosa distinta es el reconocimiento de estatus político a una fuerza armada ilegal, algo que no trasciende al derecho internacional, y que es una decisión soberana de los Estados para facilitar un proceso de negociaciones. Dicho reconocimiento se da de facto, no amerita ningún documento expreso en ese sentido.
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El gesto de Pastrana saludando a Tirofijo en la selva se entendió en su momento como un reconocimiento de interlocución legítima. Lo mismo puede pensarse que viene haciendo el gobierno de Uribe con los paramilitares a quienes, de hecho, les ha reconocido una interlocución política, que es como aceptar su existencia, sin que ello implique un estatus de beligerancia.Por otro lado, está el tema del retiro de las Farc y del Eln de la lista de terroristas de la Unión Europea. Esta es una decisión política para facilitar unos acercamientos, pero ello no implica el reconocimiento de beligerancia ni el de un estatus político especial. Muchas de las conductas en las que incurren las Farc, son consideradas terrorismo por el derecho internacional. Que salgan de la lista de la Unión Europea no transformará esas conductas en legítimas, siguen siendo consideradas terrorismo, y sus autores deberán responder ante la justicia, nacional o internacional.
El gobierno ha dicho que los paramilitares también son terroristas, pero ello no ha sido óbice para adelantar un proceso de negociaciones con ellos. Con el Eln se adelantan conversaciones, estando en la lista de terroristas. Con las Farc puede procederse en el mismo sentido, si se quisiera. Tampoco es cierto que la exclusión de la lista de terroristas a estos grupos ilegales suponga la aceptación de la existencia de un conflicto interno, o el carácter de interlocutor legítimo a los grupos que se beneficien con esa medida. Todo hace parte de la misma confusión conceptual que facilita la instrumentalización política, como quiera que cada quien interpreta según su conveniencia.
