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Ponencia Movimiento por la Constituyente Popular MCP

Introducción:

El pasado 7 de marzo del presente año, el Comité Ejecutivo Departamental aprobó realizar un seminario con todos sus miembros principales y suplentes y algunos invitados especiales, con el fin de socializar y discutir la aplicación de las conclusiones de la II reunión de la dirección nacional del PDA, realizada el 29 febrero, 1 y 2 de marzo. La amplitud de los temas y la urgencia de una discusión amplia frente a como el PDA gana un mayor posicionamiento e iniciativa política conllevaron al Comité Ejecutivo Departamental a perfilar para este seminario un temario que destaca el carácter del partido, su política organizativa, la coyuntura política nacional y regional, la política de alianzas, la violencia y la política, la oposición y el ser gobierno como los temas principales.

Como tendencia y fuerza integrante del PDA, hubiéramos deseado que dicho seminario tuviera un temario mucho más concreto que esbozará las alternativas que frente al país y la región se plantean desde los diferentes sectores, y en esa perspectiva avanzar en el protagonismo y la iniciativa política que debe caracterizar al PDA, asunto éste en el cual hemos coincidido la mayoría de las fuerzas y organizaciones polistas. En este seminario plantearemos transversal y de forma directa nuestras ideas frente al temario aprobado, pero igual enfatizaremos en las propuestas políticas que ya hemos planteado en diferentes escenarios.

Nos anima ante todo una gran vocación de unidad; aspiramos a que este seminario contribuya a dicho objetivo, y en sentido elevar la confrontación política a un régimen que cada día más muestra su ilegitimidad, su contrariedad con todo principio de derecho, su catadura reaccionaria y antidemocrática, y su afán por beneficiar al máximo lo intereses monopólicos e imperialistas.

A todos nuestros compañeros y compañeras polistas un saludo fraternal y manos a la obra.

1. Sobre la coyuntura y nuestros retos

El pueblo no se rinde ante un gobierno ilegítimo.
En América Latina, como en Colombia, crecen las fuerzas alternativas al dominio imperialista yanqui, ellas tienen un ejemplo a seguir en las luchas del pueblo y el gobierno de la hermana República Bolivariana que da la batalla política y económica contra la oligarquía y el imperio del norte, a pesar de todos los embates que fraguan su desestabilización con calumnias sobre el tráfico de drogas y el “apoyo del terrorismo”, con la infiltración paramilitar, el embargo de PDVSA y el saboteo al abastecimiento de alimentos.

Es notable el fortalecimiento de la corriente democrática y de izquierda en nuestra América con las posiciones anti imperialistas del Presidente Ortega en Nicaragua; con las medidas del Presidente Correa y la Asamblea Constituyente del Ecuador; con los esfuerzos de Evo Morales para frenar los ataques inspirados por Washington. Esfuerzos que se suman a los del pueblo y el gobierno cubanos, así como a los del gobierno y el pueblo venezolano para liderar posiciones antiimperialistas que también rechazan las presiones a Irán.

El pueblo latinoamericano se nutre del coraje de los pueblos de Palestina, Irak y de Afganistán que hacen retroceder o ponen a raya al agresor, dejando en alto los triunfos de los pueblos que no se rinden ante la barbarie yanqui-sionista.

Desde Norte America hasta Argentina la crisis económica va intranquilizando a más y más sectores del pueblo que reclaman soluciones. Colombia, además, vive una agudización del conflicto armado que lleva más de 40 años, conflicto que no se resuelve gritando ¡Abajo la violencia!... que requiere de iniciativas políticas, económicas y sociales que se vuelvan fuerza social y transformen las causas estructurales que lo generan.

Son muchos los megaproyectos que protege la “seguridad democrática o inversionista” de Uribe atropellando los intereses populares como ocurre con el despojo de los raizales de los barrios populares del corazón capitalino con el Plan Centro, los desplazados y damnificados de Buenaventura producto de la acción paramilitar al servicio de los megaproyectos portuarios, o los asaltos paramilitares a los indígenas de La Guajira por orden de las multinacionales beneficiarias de los megaproyectos minero-energéticos.

Todas esas medidas siguen teniendo su gran protección en la reingeniería urbana y campesina del paramilitarismo que da nuevos nombres, como el de “Águilas Negras”, a viejos puntales del terrorismo de Estado. El paramilitarismo existe, solo ha cambiado de cara y patrulla en calles y caminos, se sigue dirigiendo desde la cárcel de Itagüí.

Es aberrante que Uribe y su ministro de agricultura se nieguen a cumplir la ley y atender la reparación a desplazados con la entrega de las 17.000 hectáreas de la finca Carimagua, prefieren entregarla a los empresarios del paramilitarismo agazapados en la gran agro-industria de la palma, del caucho y la madera. Pero la oposición frenó su intento.

El caso Carimagua confirma la guía económica antipopular, antihumanitaria y excluyente de un gobierno que demagógicamente habla de “Colombia de propietarios”, ocultando que se trata de afianzar a los grandes propietarios a costa de la expropiación de los cada vez menos y más pequeños por la vía de la aplicación de la violencia del terror militar-paramilitar y de leyes tributarias y civiles para rematar predios.

La llamada gobernabilidad de Uribe afronta nuevas y serias desventajas con los palos de ciego del equipo económico y diplomático para afrontar la crisis del mundo capitalista y el conflictivo intercambio comercial con Venezuela. El incremento de las tasas de interés, el manejo caprichoso de los aranceles y los impuestos para favorecer grupos monopolistas afectos de la casa de gobierno no unifican ni a la oligarquía.

La gobernabilidad se resiente más cuando el partido de la “U” propone la nueva reelección de su jefe máximo, prende alarmas de los presidenciables y divide al gobierno.

La gobernabilidad se resiente desde la entraña oligárquica y su institucionalidad por los choques de Uribe con las Cortes, especialmente, por su interferencia en los procesos de la parapolítica que vinculan a juicio al primer director del DAS de Uribe, que tienen a la mayoría de la bancada uribista investigada o enjuiciada, incluido su primo-senador, confirmando la ilegitimidad del gobierno, el Congreso y todo su régimen político.

La condena de un coronel por la masacre de 10 policías en Jamundí, el llamado a juicio de otro coronel por los crímenes del Palacio de Justicia, más las condenas a otros altos oficiales por la masacre de Mapiripán, uno más de los procesos que indican que no son “casos aislados” esas prácticas de las fuerzas militares y policía, son reales sus vínculos con el narcotráfico, paramilitares, la violación a derechos humanos y los “falsos positivos”.

También se debilita Uribe con los descalabros en las relaciones con USA, convertidas en relaciones Uribe-Bush, y por las agresiones al gobierno de Venezuela que dan pérdidas a los exportadores y afectan mucho la vida en los departamentos fronterizos.

La agresividad antipopular del gobierno hace que Colombia viva una polarización política y clasista crecientes, en parte, ella se expresa en el enfrentamiento entre defensores del acuerdo humanitario y la solución política, tildados de cómplices de la guerrilla para justificar la represión, y Bush-Uribe aplicando el militarismo y la economía de guerra que sacrifica la inversión económica y el gasto social generando más miseria.

Guerra que produce millones de desplazados, muertos, detenciones y otros recortes a la libertad política, incluyendo la antipatriótica extradición de más de 500 colombianos y la condena de guerrilleros en USA que obstaculiza la solución política al conflicto interno.

Es indispensable mantener la lucha por la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda para fortalecer la acción masiva contra el régimen y el gobierno y seguir enfrentando la monstruosa realidad de la uribiada.

Rechazamos la intolerancia y los ataques de corte fascista del ministro del interior contra los luchadores y luchadoras democráticas como la Senadora Piedad Córdoba y a las organizaciones de oposición como el Polo Democrático Alternativo, el movimiento sindical, los jóvenes estudiantes y a todos los que se levantan contra el gobierno y el régimen.

El MCP-POLO manifiesta su solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe y con los gobiernos que enfrentan la política del imperialista en defensa de la soberanía nacional, especialmente, con el pueblo y gobierno de Venezuela para construir propuestas conjuntas, luchar contra el enfrentamiento entre pueblos y la división entre colombianos con el patrioterismo de Uribe, gobierno antinacional, vende patria como pocos.

Invitamos a canalizar la iniciativa y el descontento de los jóvenes, de la comunidad educativa y otros sectores populares que luchan contra los recortes de las transferencias para salud, educación y saneamiento básico, además de recortar la limitada autonomía de los entes territoriales, ahora a merced del chantaje presidencial.

Persistiremos en la lucha por el canje humanitario y la salida política al conflicto, íntimamente ligadas al protagonismo y gestión política de la Senadora Piedad Córdoba y del Presidente de Venezuela, injustamente atacados por el gobierno y sus abogados, escribanos y locutores. El debate sobre la beligerancia de las guerrillas tomará fuerza aunque el gobierno trate de aplazarlo y desvirtuarlo con el apoyo de Washington.

Trabajaremos sin desmayo por la unidad popular y de todas las organizaciones y fuerzas progresistas y de izquierda en los espacios de convergencia política como la Gran Coalición y persistiendo en la defensa del Ideario de Unidad y los Estatutos del PDA para derrotar los intentos divisionistas y fortalecer sus tareas de oposición al gobierno y al régimen.

Proponemos a todas las fuerzas y organizaciones democráticas, progresistas y de izquierda, a todos los luchadores y organizaciones sociales y populares persistir en la exigencia de que Uribe renuncie, que se cierre el Congreso y se adelanten las elecciones de manera general.

Igual, y en concordancia con la política que se viene aplicando en nuestras regiones y localidades, mostrario a toda luz de su entronque con el régimen político ilegal e ilegimitimo, así como de la pérdida de la autonomía regional y la descentralización, gobernadores y alcaldes, asambleas y concejos elegidos con las mismas reglas de la parapolítica debemos exigir su renuncia, proclamando regional y localmente nuevas elecciones.

Proponemos una apertura democrática, en donde el POLO se convierta en su más amplio defensor, esto significa poner en juego el Ideario de Unidad, desarrollar una propuesta electoral y política realmente democrática que posibilite la más amplia participación popular, libertades y garantías, castigo a todos los parapolíticos y su no vuelta a ningún organismo de representación y control político.

Compañeros: La más amplia unidad popular, democrática y patriótica es indispensable para derrotar el proyecto fascista de Estado Comunitario que lidera el presidente Álvaro Uribe. No hay otro camino.

2. Sobre el adelanto de elecciones

ANTE LA ILEGITIMIDAD DEL CONGRESO Y EL GOBIERNO
¡ELECCIONES GENERALES ANTICIPADAS!

La mayoría de la bancada parlamentaria del gobierno está condenada, llamada a juicio, en investigación preliminar o en la creciente lista de candidatos a ir ante la justicia por asociarse para desplazar, masacrar y amenazar poblaciones para obtener votos para llegar al Congreso dejando en minoría a la oposición.

Es una expresión de la profunda crisis del desprestigiado gobierno de Álvaro Uribe Vélez y del régimen político que, como aspecto principal de la situación, deja con pies de barro al Presidente de Colombia, elegido con los votos de la parapolítica pues los llamados “votos de opinión” de Uribe son una cantidad menor. El sólo hecho de evitar la segunda vuelta en las presidenciales dio un cambio sustancial al resultado político del proceso electoral tanto en el 2002 como en el 2006.

Los votos de la parapolítica están viciados por diferentes nulidades, no pueden ser tenidos en cuenta. Los partidos con vínculos paramilitares deben perder su personería jurídica porque el fascismo no se admite como movimiento político en una sociedad que se autodenomine democrática. De igual manera, quienes financiaron esas campañas son auspiciadores del paramilitarismo.

Todos los partidos de la coalición “Primero Colombia”, coalición que eligió al presidente Uribe, tienen congresistas paracos con altas votaciones inflando los resultados de marzo y de mayo, del 2002 y del 2006, agrandando la burbuja paramilitar que les permitió tomarse muchas de las alcaldías y gobernaciones elegidas en 2003 y 2007. Esa coalición también tiene obligación de responder por el ya comprobado fraude electoral de 2002. Uribe, que como presidente ha tenido bajo su dirección los cuerpos de seguridad e investigación del estado tiene la principal responsabilidad política, ella no se puede eludir porque su candidatura reeleccionista se inscribió con el procedimiento de recolección de firmas, como lo evidencian los altos cargos de su gobierno vinculados al paramilitarismo.

AL UTILIZARSE VOTOS FRAUDULENTOS Y PROCEDIMINETOS CRIMINALES, EL CONGRESO ES TAN ILEGITIMO COMO LA PRESIDENCIA DE URIBE.

PARA HABLAR DE LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD ES INDISPENSABLE ADELANTAR LAS ELECCIONES DE CONGRESO Y LAS PRESIDENCIALES SIN REELECCIÓN PRESIDENCIAL. La reforma política y constitucional para enfrentar la ilegitimidad debe favorecer esta salida; lo contrario es premiar al presidente Uribe y conciliar con los principales líderes políticos y parlamentarios de la coalición “Primero Colombia”, tan culpables como los parlamentarios que están en los estrados judiciales.

Los derechos políticos de los ciudadanos están violados desde el momento en que las elecciones de Presidente y Congreso se dan pisoteando las garantías fundamentales. Es urgente que, con la mayor brevedad, el pueblo tenga la oportunidad de elegir a sus representantes y gobernantes. Esperar al 2010 es premiar la ilegitimidad y la ilegalidad que ya pocos sectores políticos niegan.

El avance de procesos penales contra los delincuentes de cuello blanco –asociados con los jefes paracos detenidos- ratifica el valor de las oportunas denuncias de la oposición sobre el fraude y el concierto para delinquir. Sin embargo, anotamos que los procedimientos penales adelantados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía NO DAN LEGITIMIDAD AL CONGRESO NI AL PRESIDENTE, en el mejor de los casos sólo castigan una parte del delito, dejan en los cargos a los beneficiarios de las votaciones generales y a cubierto a los principales responsables políticos o jefes de los partidos comprometidos con el terrorismo de Estado paramilitar.

LA ILEGITIMIDAD DE LOS PARAURIBISTAS ELEGIDOS IMPLICA QUE EL PRESIDENTE DE COLOMBIA DEBE RENUNCIAR A SU CARGO, LOS CIUDADANOS TENEMOS DERECHO A EXIGIR SU RENUNCIA.

La ilegitimidad exige que la oposición convierta en parte de su movimiento la lucha por adelantar las elecciones del Congreso y del Presidente, pensando en la conquista de un Gobierno Democrático, Patriótico y Popular en el cual converjan todas las fuerzas que combaten la ilegitimidad y la ilegalidad del gobierno y el régimen antipopular y antipatriótico que domina en la Constitución y exige una Nueva Constitución. El Polo, la Gran Coalición Democrática y todos los sectores democráticos debemos discutir esta situación hasta llegar a claras definiciones y un plan de acción común para movilizar al pueblo y la opinión internacional.

El conflicto social y armado se ha acentuado con 6 años de uribismo, Colombia y su pueblo necesitan un gobierno que lidere una salida política, que previa concreción de un Acuerdo Humanitario abra paso a la paz con justicia social y enfrente la crisis económica que camina sin descargarla sobre las mayorías desposeídas y excluidas.

3. Otras propuestas

3.1. Convocar a un gran Encuentro Nacional de todas las organizaciones y fuerzas políticas, sociales, patrióticas, democráticas, progresistas y de izquierda de este país, que sirva por un lado para denunciar la ilegitimidad del régimen y el gobierno uribista, y por el otro para sustentar todas las banderas y propuestas alternativas.

3.2. Animar un Plan de Campaña Política nacional y regional, que además de la democratización del partido, proponga de cara al pueblo la promoción del ideario de unidad, la propuesta electoral y política polista.

3.3. Invocar la solidaridad internacional con todos los luchadores por la paz y la democracia en Colombia, asistiendo a encuentros, foros, seminarios, asambleas de diverso tipo en los cuales se pueda compartir la problemática colombiana y las salidas polistas.

3.4. Enfrentar la crisis económica nacional presentando como POLO una alternativa de salida a favor de las mayorías con los siguientes ejes de lucha:

a. Contra la especulación financiera del capital nacional e internacional. Poniendo a jugar con fuerza salidas tácticas que ayuden a educar y movilizar en el sentido de avanzar en la lucha contra el pago de la deuda, supresión de los subsidios a los oligarcas, contra los incrementos de tasas de interés, enfrentando el despilfarro de las reservas internacionales en pago de deuda y movidas monetaristas para tratar de lograr el imposible de impedir la fluctuación del dólar que es un hecho internacional que golpea nuestra economía dependiente, entre otras medidas.

b. Fortalecer la producción nacional para generar empleo y suficiencia alimentaria. Por crédito fácil para los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo. Impulsando la reforma agraria. Apoyando la lucha para aprovechar en inversión económica y social las reservas internacionales y los resultados del ahorro por la vía de restricciones al pago de la deuda.

c. Alza general de salarios. Prestando especial atención al salario mínimo, que tiene la mayor cobertura entre los trabajadores.

d. Generación de empleo de calidad.

e. Aumento del gasto social. Con la reducción del gasto militar e impulsando la solución política y el canje humanitario.

3.5. Avanzar en la construcción del partido, desbrozando en el plano departamental un plan de constitución de los comités de base.

3.6. Definir claras reglas de juego en el funcionamiento interno que fortalezcan la democracia desde abajo, que pongan a participar a todos los afiliados desde los comités de base. No apoyamos fórmulas reglamentarias que afecten la vida democrática de los Coordinadores, Ejecutivos y Comité Nacional. En ese campo entra la importancia de colocar topes a las fechas de afiliación antes de los eventos eleccionarios internos, las garantías efectivas para todos los precandidatos a cualquier nominación, etc.

3.7. En cuanto a la reglamentación de las tendencias, consideramos que ellas pueden reglamentarse como una forma de materializar acuerdos políticos al seno de los organismos directivos, entre sus integrantes para reducir la dispersión política y facilitar espacios de debate y difusión de ideas sobre asuntos conflictivos, que están pendientes o pertenecen a salidas a futuro. Por tanto, las tendencias no deben manejar recursos económicos procedentes del presupuesto del PDA, no deben constituir una estructura organizativa paralela, ni ser intermediarias entre los colectivos de dirección y los Comités de Base. Esta reglamentación es diferente al derecho a existir partidos y movimientos en el Polo, que están obligados a respetar su Ideario y Estatutos.

3.8. En materia presupuestal, insistimos en profundizar criterios de austeridad en materia de salarios e inversiones, mejor relación y aporte para el funcionamiento de los Coordinadores departamentales y municipales, dirigir recursos al impulso de las luchas populares y acciones solidarias, mejorar el control democrático de las inversiones, ingresos y egresos.

3.9. En cuanto a las elecciones de Coordinadoras departamentales y municipales. Como unas elecciones demandan costos especiales y movilización hacia adentro en momentos en que el Polo debe lanzarse a la lucha de masas para enfrentar la crisis, consideramos que deben hacerse las elecciones en los casos en que ellas contribuyan a resolver serios problemas de unidad o de infuncionalidad. Pensamos que esas elecciones no demandan el concurso de la Registraduría en todos los casos, que los municipios con poco desarrollo del Polo basta con una asamblea de afiliados para resolver democráticamente.


Movimiento por la Constituyente Popular MCP-PDA
Coordinador Departamental