Las finalidades políticas de paramilitares, guerrillas, y mafias les han llevado a converger en practicas destinadas a borrar el rostro humano de las personas, y de la sociedad, y explica la existencia de una de las más protuberantes crisis humanitarias que se presentan a escala mundial, y que se localiza en Colombia, en una historia que circunvala cerca de media centuria. En medio de esto, aquí una propuesta que se funda en el concepto de la democracia como medio y como fin con la que construir una alternativa a la situación actual a través de una “Vía Democrática”.
Un contexto que alimente la controversia
1. Antecedentes
El proceso histórico político de la sociedad colombiana ha estado íntimamente ligado al bipartidismo liberal conservador en pugna desde los albores del siglo XIX cuando aún no terminaba el proceso de descolonización con España, y que explican los momentos del auge de las violencias, así como los periodos de calmas políticas cimentadas en los procesos de hegemonía, o de otra forma, en el establecimiento de acuerdos de carácter bipartidista.
Lo anterior, aunque es característica general en la constitución de los Estados, lo cierto es que el avance en cuanto a derechos humanos y de la democracia se refiere, esta ligado al carácter de los partidos políticos y a su mayor o menor decisión de modular los intereses de partido con los fines sociales generales, lo que traduce a su vez la derogatoria del neoconservadurismo, o del uso de la violencia como formula para la obtención de fines económicos o políticos.
En Estados que avanzan en la dirección de la democracia, la característica es la tendencia a la disminución e intensidad de los periodos de violencia en el tiempo. Sin embargo, en el caso colombiano, contrario a la reducción de tales ciclos, estos se actualizan, no queriendo decir con ello que es el fin de tal sociedad, sino que el conflicto violento se convierte en una forma de gobierno, en medio de lo cual los elementos sobre los que descansa la constitución del Estado, como la seguridad y defensa de la vida de las personas sucumbe, a más de los demás derechos fundamentales
En perspectiva, los años setentas fueron un periodo cumbre no sólo en el desarrollo económico, si no que hizo pensar en líneas de continuidad progresivas en términos de los desarrollos políticos y económicos de la sociedad colombiana, ello por supuesto en la expectativa del bipartidismo, y de la escena histórica que refería la ineludible revolución socialista.
Este periodo de meseta o de relativa estacionalidad en los indicadores de violencia muestran un deterioro considerable en los años ochentas, en medio del ciclo guerrillero de violencia que declinara parcialmente ante la negociación de grupos como el M19, el EPL, y el Quintín Lame. Otros grupos como las FARC y el ELN continuaron su actividad armada, despuntando de nuevo en intensidad desde mediados de los años noventas.
2. Las tectónicas del neoconservadurismo
Desde el punto de vista del neoconservadurismo, este tuvo en los años setentas una considerable perdida de influencia, sin embargo, a través del tráfico de drogas logró mantenerse en el tiempo, para emerger con fuerza en los años noventas, entrando en escena a manera de una tercera fuerza política al margen del bipardismo, librando una primera guerra contra el régimen en el poder, que finaliza con la muerte del capo de la droga Pablo Escobar. El repliegue de este proceso se realiza en zonas rurales entre 1993-1995, erupcionando con fuerza desde entonces, ya con una estrategia, que diferente a la expectativa de la sustitución de las elites en el poder, se plantea como sus aliadas en asuntos de seguridad, y esto en el contexto del avance de las guerrillas, y a través del financiamiento económico de sus actividades.
Esta situación materializa un punto de inflexión en la historia colombiana, con significado en la instalación en el gobierno de un régimen de carácter mafioso. En el año 1999, la sociedad colombiana atraviesa una de las peores crisis en su historia económica, y coincide con el periodo de mayor ingreso de capitales encubiertos provenientes del narcotráfico, en un fenómeno que termina por convertir cualquier sector u actividad económica en potencial objetivo para el lavado de activos, y en la adicción a dichos capitales de importantes sectores de la actividad económica lícita, lo que hace del comportamiento y evolución de la sociedad colombiana una especificidad respecto a los demás países del continente latinoamericano.
Los procesos vinculados al fenómeno latinoamericano en Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, tienen en mayor medida que ver con fases de crisis económicas, y luego sociales, lo que las ha conducido a un relevo de las visiones políticas que les regentan, sin embargo, es por esto mismo, que la sustentación económica que logra el narcotráfico, es uno de los factores importantes que evita que esto suceda en el caso colombiano.
De otra parte, La existencia de las guerrillas, y su vocación violenta, explica en buena medida el favor político que los gobiernos de derecha poseen en el país. Así, el ascenso al solio presidencial de Álvaro Uribe en 2002, tuvo como antesala el proceso de mayor crecimiento en actividades armadas, como en efectivos en la historia de las guerrillas en Colombia. De esta forma, su ascenso presidencial se explica no sólo por el “embrujo autoritario”, sino por el temor, del aún siendo remoto, gobierno de las guerrillas.
Sin duda este mismo fenómeno sirvió al auge del paramilitarismo, que tras este objetivo encubre otros más como la puesta en marcha de una reingeniería en aspectos sociales, económicos, culturales y políticos de la sociedad colombiana. Al compás de ello, desde 1995 en Colombia se presenta un incremento que rompe con periodos anteriores, en cuanto a la violación de derechos humanos se refiere, en la que quedan comprometidas las instituciones del Estado, y en esto el menor calificativo es la omisión, respecto del oficio de la defensa de los ciudadanos ante tales hechos.
3. Momento actual y propósitos políticos
La situación actual haciendo observancia del proceso de desmovilización paramilitar, según informes de la OEA, la defensoría del Pueblo, y otras organizaciones sociales, se sitúa en el reconocimiento de un rearme, que obedece a la lógica de estructuras aunque más livianas, posee un control sobre zonas y economías con proximidades a las dinámicas del pasado.
Específicamente en Antioquia como sucede con el resto del país, la realidad es que las fronteras económicas y políticas no corresponden a la división política formal, sino que responden a lógicas de una división política mafiosa definida por las zonas de producción y embarque de cocaína, y del ingreso de insumos para el avituallamiento de ejércitos, regiones de importancia en la producción agropecuaria, y económica en general, sobre la geografía de los megaproyectos, y por la estela que genera el hurto de tierras.
En el caso de Medellín, la existencia de una red de seguridad privada que se extiende a 14000 efectivos contrasta con los 7000 dispuestos como policías lo que traduce una forma de control de lo público, de la regulación de los derechos, con los manuales de la seguridad privada. Aunque los índices de homicidios son menores si se les compara con los indicadores de mediados de los noventas, lo cierto es que los ciclos de violencia se siguen presentando a la sazón de los disputas por el control de territorios económicos y políticos, lícitos e ilícitos, en la ciudad. En medio de esto, sin embargo, es importante apoyar iniciativas políticas del gobierno local encaminadas al desarme, por hablar de un ejemplo.
Más allá de la relación causal entre guerrillas y paramilitarismo, o de las guerrillas con la injusticia social, lo cierto es que ambos actores, justifican la destrucción del sus actividades violentas, los unos como consecuencia del crecimiento de la guerrilla, los otros, contra la injusticia social y el paramilitarismo, en un circulo vicioso representado por la degradación de la guerra, y finalmente del eclipse de las relaciones pacíficas mínimas en el contexto de la sociedad.
En este sentido la “Vía Democrática” supone una opción a la real política de los actores, guerrillas, paramilitares, y mafias, quienes terminan por sustraer el carácter de humanidad a la sociedad, mientras justifican acciones deleznables, a razón del calculo que prevé el uso de cualquier medio para la conquista de un fin que dícese ser altruista.
Esta expectativa de salida, alberga como una de sus elementos, la necesidad de elaborar un proyecto político y económico de carácter democrático que instruya sobre la constitución de un imaginario de sociedad diferente al actual. En este cometido, debe construirse una plataforma regional, considerando el desarrollo subregional, y municipal, y que en la ciudad transversalmente considere el barrio, la comuna, y la metrópoli en dimensiones como la educación, la salud, la convivencia y la seguridad ciudadana, la política de vivienda, la movilidad y el transporte, el hábitat, la dimensión ambiental y el poblamiento, la cultura, la economía, los sistemas de información, y las relaciones suprarregionales
Un eje fundamental que debe ser el norte político, es el estimular el desarrollo de proyectos encaminados a fortalecer y reactivar sectores que perteneciendo a cualquiera de las actividades o renglones económicos tal como se conocen sean no especulativos y de carácter lícito, así como que fomenten el empleo legal. En este sentido, el TLC desde la perspectiva de una verdadera negociación tiene toda funcionalidad, al tiempo que la denuncia de lo pernicioso que el tratado actual seria para procesos democrático productivos, así como el beneficio que cosecharían sectores mafiosos.
Desde el punto de vista del conflicto, una condena a los diferentes actores que generan violencia en el país, no se contradice con la formulación de la salida negociada al conflicto colombiano, que debe comenzar con el reconocimiento de las responsabilidades Estatales y de las fuerzas militares, tal como lo inspira la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de paramilitares, guerrillas y mafias, la negociación debe garantizar el desmonte de sus estructuras económicas, políticas y militares, la contribución al esclarecimiento de la verdad, y la responsabilidad sobre los delitos graves y comunes acorde con los cánones internacionales previstos por la justicia internacional. En este sentido, resulta de suma utilidad que el Polo coloque en evidencia e inste a los EEUU para que evite que sus tribunales sirvan de puerta trasera a quienes tienen procesos por delitos de lesa humanidad en Colombia convocándolos a que se adhieran al TPI.
Para salir al paso a los factores que dan continuidad a la violencia, Colombia debe proclamar un nuevo pacto social con los sectores políticos ajenos a las dinámicas de la violencia, los que con un carácter democrático deben orientar la nación colombiana por los caminos que nos conduzcan a la realización de los derechos fundamentales de la sociedad.
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